Vicisitudes de la extinción de dominio frente al garantismo penal en México

Resumen

El Estado mexicano como garante de la seguridad de sus gobernados requiere esgrimir una política criminal encauzada a la tutela efectiva de los derechos fundamentales que evidencie el cumplimiento irrestricto de las obligaciones que representa el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este orden de ideas, el presente artículo analiza desde la perspectiva dogmático-jurídica, las graves vulneraciones a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia por parte del diseño normativo
de la Ley Nacional de Extinción de Dominio publicada en 2019, que establece diversas acciones como la aplicación retroactiva
de sus efectos jurídicos o la disposición de bienes objeto de la acción referida, verbigracia, la venta anticipada, la destrucción o
la donación, determinación autónoma frente a la resolución del juez penal que examina la responsabilidad del presunto respon-
sable del delito que originó el proceso de extinción de dominio.

No pasa desapercibido el posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la aparente autonomía absoluta del proceso civil de extinción de dominio sobre el proceso de naturaleza penal, a fin de considerar las particularidades de esta política de seguridad que aduce dirigirse a garantizar los derechos de los gobernados y servir como vía de acción frente a la criminalidad
en México.